Lo más interesante:
- Maximiliano Luksic (Canal 13), Juan Ignacio Vicente (CHV), Alfredo Ramírez (TVN) y Javier Villanueva (Mega) recibieron el documento en diciembre pasado, firmado por la superintendenta Vivien Villagrán
- Según la Superintendencia, el ilícito descrito en el Código Penal sanciona con penas privativas de libertad y multas a quienes se dediquen a la explotación ilícita de juegos de azar.
Dos posiciones completamente opuestas
Este miércoles se confirmó que la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) ofició a los directores ejecutivos de cuatro canales de televisión abierta en Chile debido a la aparición de publicidad y patrocinios relacionados con la categoría de casas de apuestas online.
Con la firma de Vivien Villagrán, presidenta de la SCJ, los documentos fueron recibidos por el presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Eduardo Martínez; y los directores ejecutivos Maximiliano Luksic de Canal 13; Juan Ignacio Vicente de CHV; Alfredo Ramírez de TVN, y Javier Villanueva de Mega.
“En Chile, los juegos de azar constituyen una actividad económica regulada, en principio de naturaleza ilícita. En este marco regulatorio, salvo los juegos de azar desarrollados por la Lotería de Concepción, Polla Chilena de Beneficencia y Teletrak, que cuentan con norma expresa que los habilita para operar determinados juegos de azar online, las demás personas distintas a las referidas en nuestro país no pueden desarrollar juegos online al no contar con una norma de rango legal expresa.”, dijo Vivien Villagrán, Presidenta, SCJ.
En contrapartida, Carlos Baeza, representante de los grupos más grandes de apuestas online con presencia en Chile, respondió diciendo que sus oficios están completamente fuera de lo que confiere la ley.
“Desde un punto de vista estrictamente jurídico, los oficios mencionados están completamente fuera de las facultades que le confiere la ley; tanto en su equivocada interpretación respecto de la legalidad de las plataformas de apuestas online, como en su opinión también equivocada respecto a la legalidad de la publicidad que se hace de ellas y, por cierto, en su actuar proactivo oficiando a personas y entidades fuera de su ámbito de fiscalización.”, dijo Carlos Baeza, Director, Grupo Latamwin.
A esperas de una normativa legal en Chile
La regulación cuenta con un amplio respaldo ciudadano y va en línea con los avances que los países OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) han realizado en la materia (73 por ciento de los países OCDE tienen normativa legal).
Las sociedades deberán ser constituidas en Chile e informar el origen de los fondos necesarios para explotar el negocio, detallar sus accionistas y beneficiarios finales, además de estar obligadas a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos.
Desde el Gobierno, explicaron que las firmas que operen juegos remotos deberán pagar un impuesto específico, sustitutivo del IVA, de un 20 por ciento de sus ingresos brutos; un pago por licencia de 1.000 UTM al año para los que tengan una licencia general y 100 UTM para los que tengan una licencia temporal.
Además, las sociedades operadoras deberán gastar al menos un 1 por ciento de sus ingresos brutos anuales en acciones destinadas a la promoción del desarrollo de juego responsable.
Los usuarios también se verán afectados con un tributo: tendrán que desembolsar un 15 por ciento de sus ingresos obtenidos en esta actividad al momento de retirar dinero desde su cuenta de usuario a su cuenta personal.
La fiscalización recaerá sobre la Superintendencia de Casinos de Juego, que pasaría a llamarse “Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar”.
“El juego ilegal atenta contra la salud de las personas que tienen algún nivel de adicción y cada día que pasa sin regular los juegos online aumentan los ludópatas.”, dijo Mariela Huenchumilla, Gerenta Corporativa de Juego Responsable, Dreams.
Conclusión
Baeza agregó que el proyecto de regulación que se discute en el Congreso es positivo porque establece mecanismos para la protección de menores de edad, la promoción del juego responsable y control de la ludopatía; el resguardo a la fe pública, prevención del lavado de activos y la constitución de garantías para asegurar el pago de los premios a los usuarios.
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